Naciones Unidas hizo un llamamiento a las autoridades de Myanmar para que tome medidas urgentes contra la violencia desatada en el oeste de ese país.

Los enfrentamientos entre comunidades musulmanas y budistas en el norte del estado de Rakhine han dejado un saldo de decenas de muertos, centenares de detenidos y miles de desplazados.

Tomás Ojea Quintana es el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar.

"En mi opinión, el problema originario que está generando esta violencia reside en el hecho de que la comunidad musulmana, llamada Rohingya, ha sufrido por décadas una discriminación, cuyas consecuencias hoy son este estado de violencia que se está dando".

En su informe a la Asamblea General, el relator subrayó que es imperativo que el gobierno birmano implemente una política de integración y reconciliación a largo plazo, y que el proceso de reforma del país se base en los derechos humanos.

Unos 800.000 musulmanes de la etnia rohingya viven en Myanmar, pero las autoridades birmanas -de mayoría budista- no les reconoce la ciudadanía por considerar que provienen del país vecino, Bangladesh.

Sin embargo, tampoco son reconocidos por este último, lo que los convierte en un pueblo apátrida